domingo, 26 de junio de 2011

Chorizos a la sidra y porra antequerana

Desde comienzos de 2011, la Consejería de Educación de Asturias se vio convulsionada por un caso de corrupción sin precedentes; el ex-Consejero de Educación -había dejado el cargo apenas unos meses antes- ingresaba en prisión, acusado de haber urdido durante años una trama por la cual Educación contrataba -de manera irregular, aunque legal- con dos conocidas empresas de la comunidad el material escolar, extorsionando a algunos funcionarios para que dieran su visto bueno a contratos que eran inflados y claramente contrarios a los intereses de las arcas públicas. En plena precampaña electoral, el escándalo sólo fue conocido por los asturianos y, extrañamente, fuera de Asturias, ningún medio de comunicación se hizo eco del caso, y eso que las tertulias de radio o televisión son bien dadas a hablar de este tipo de cuestiones, sobre todo habiendo elecciones de por medio.

El caso es que hoy (26 de junio) el diario ABC lleva a su portada otro escándalo, muy similar, y de nuevo con la Consejería de Educación como fuente de la corrupción; en este caso se trata de Andalucía, y la estafa -presunta estafa- asciende a 3,6 millones de euros. De nuevo el material escolar de por medio.

PEPA-Profesores recoge un resumen de prensa de los dos casos -el de Asturias y el de Andalucía-, pero animamos a todos a que lean las noticias íntegramente. En el caso de Andalucía, dada la amplia lista de Consejeros de Educación que venimos sufriendo, no sabemos hasta dónde habrá que remontarse para buscar al responsable más irresponsable (leer Los rostros del fracaso escolar). ¿Quién estaba al tanto de esto? ¿Será María del Mar Moreno? ¿Será el charcutero actual? ¿Teresita? ¿Cándida? ¿El eterno, Sebastián Cano, Ammón-Rá?

 

El caso en Asturias (Leer en el diario asturiano LNE)

La juez manda a prisión a Iglesias Riopedre y sospecha que la trama corrupta es más amplia

El ex consejero, acusado de favorecer a empresas con las que repartiría luego beneficios - Ingresa en la cárcel sin fianza ante el «riesgo de fuga y posible ocultación de pruebas» - Los investigadores creen que la red ha logrado «muchos, muchos millones» con sus fraudes.

La juez gijonesa Ana López Pandiella, que instruye la investigación de una supuesta trama corrupta de políticos, funcionarios y empresarios que se habría beneficiado de contratos irregulares con al menos dos consejerías del Principado, ordenó ayer el ingreso en prisión del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, hombre de confianza de Vicente Álvarez Areces desde 1984, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios. La juez considera que Riopedre maniobró para favorecer a varias empresas con las contrataciones, influyendo sobre los funcionarios, pese a conocer la existencia de fraude, y que elevó los precios de los contratos para luego repartir el beneficio con las empresas. También sospecha que la trama corrupta es más amplia.

Entre los detenidos, figuran el ex consejero de Educación del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general de Planificación y Centros de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, propietario de Igrafo y Alfonso Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín así como la propia funcionaria Marta Renedo, por la que se inició todo el procedimiento de investigación que ha desembocado ahora en las diligencias judiciales.

 

El caso en Andalucía (Leer en el ABC-Andalucía)

La Fiscalía de Cádiz denuncia la malversación de 3,6 millones de euros en Educación

El exgerente en esa provincia del ISE, ente dependiente de la Junta, declarará como imputado por contratar obras en colegios que no se ejecutaron

La Fiscalía de Cádiz acaba de denunciar la malversación de 3,6 millones de euros que debieron invertirse en la reforma y mantenimiento de los centros educativos de la provincia entre los años 2006 y 2008; unos caudales públicos que supuestamente han terminado en manos de particulares, en connivencia presuntamente con, al menos, un alto funcionario de la Consejería de Educación. El principal sospechoso, que deberá declarar la próxima semana ante el juez es Fernando Ameyugo Catalán, quien fuera hasta mediados del año pasado gerente provincial del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE); un ente adscrito a Educación que gestiona  las obras en la red pública de colegios e institutos.

Quién es quién en la trama de las contratas
La desaparición de 3,6 millones de la Junta para obras en colegios de Cádiz se hizo a través de una trama para desviar fondos mediante trabajos que nunca se realizaron. Estos son los principales denunciados de este caso:
Fernando Ameyugo Catalán: Exgerente del ISE en Cádiz. Firmó todos los contratos bajo sospecha. Fue destituido el año pasado, cuando la investigación fiscal estaba en curso.
Encarnación F. S. y Pedro G. P.: Matrimonio y responsables de Contratas y Mantenimientos Pacheco, la adjudicataria de las obras. Sus hijos Encarnación, Sonia y Pedro Luis G. han sido denunciados como cómplices.
Miguel R. O.: Su empresa realizó trabajos de albañilería por 367.082 euros, pese a carecer de personal para ello.
Mármoles y Granitos Sánchez Caro S. L.: Le vendió a la adjudicataria una gran cantidad de mármol que no consta a dónde fue destinado. No hay justificante del pago.
Alrepi S. L. U.: Facturó por la compra de materiales de electricidad, fontanería, albañilería y pintura, pero la Agencia Tributaria sostiene que esta sociedad no es fabricante de esos elementos.
Juan Antonio G. S.: Aparece como suministrador de materiales pero aporta facturas ilegibles y dice carecer de los justificantes de pago.
David C. J.: La adjudicataria le adquirió, entre otros materiales, 99 inodoros y 33 aparatos de aire acondicionado. No hay justificantes del pago.
M. y A. Reformas S. C.: Tiene el mismo domicilio social que la sociedad de Miguel R. O., en Madrid. Realizó trabajos subcontratados y tampoco hay justificantes del pago.
Persianas Puertas García S. L.: En sus facturas no especifica en qué colegios trabajó y qué ejecutó.
Elisa C. J.: Facturó por la venta a la adjudicataria de un volumen de materiales de construcción incompatible con el tamaño real de la empresa.
Carlos S. O.: Ejecutó trabajos de albañilería. Comparte el mismo domicilio social, en Madrid, que otras dos sociedades, al parecer distintas.
Agrotheda Algaida S. L. L.: Ejecutó trabajos por valor de 291.000 euros en 2007, pero las facturas que emitió no coinciden con el volumen que facturó la adjudicataria al ISE.
Sanlúcar Gestión S. L. L.: Realizó trabajos de albañilería pero sin especificar cuáles. No coincide lo facturado por la adjudicataria al ISE con los trabajos realizados como subcontrata.
Construcciones Carlunsa S. L.: Emitió facturas por la venta a la adjudicataria de material de fontanería, pese a que ni fabrica ni adquirió materiales de ese tipo. Como socio administrador aparece una persona que ejerce como tal en otra sociedad.
Revestiobras Sanlúcar S. L. U.: Aportó facturas por trabajos, sin especificar de qué tipo, fechadas antes de la formalización de los contratos.
Deambula Inversiones S. L.: Facturó por trabajos sin especificar. Sólo tiene un empleado, que es administrador-dueño de otras dos sociedades.
Sociedad Andaluza del Frío y la Climatización S. L.: Facturó más de 152.000 euros en equipos de refrigeración no contemplados en las obras.
Mareotis S. L.: Vendió materiales de construcción. Solo tiene un empleado, el mismo que aparece como administrador de otras empresas.
Rafer Construcciones S. L.: Facturó trabajos sin especificar dónde ni qué tipo de reformas realizó.
Francisca M. G.: Su empresa facturó por venta e instalación de seis cocinas. No se sabe a qué colegios fueron.
Mantenimientos y reformas F. S.: Colocó canastas de baloncesto que no se sabe dónde fueron a parar.
José Manuel R. F.: Facturó por trabajos de carpintería en 2008, cuando carecía de empleados.

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